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Los administradores de fincas ven incompleta la norma y piden más ayudas. Los consistorios tienen doce meses para censar todas sus viviendas.
Humedades excesivas que produzcan contaminación por hongos. Plaquetas, balconeras, canalones sueltos o aleros con riesgo de desprenderse. Problemas estructurales o de estabilidad. Estas son las principales dolencias que pueden llevar a los edificios más viejos a suspender el informe de evaluación, una ITV cuyas reglas acaba de despejar el Principado y que deberán realizar arquitectos o aparejadores. El decreto que será publicado en el Boletín Oficial establece que los edificios de viviendas que en junio de 2013 tenían medio siglo o más disponen hasta el 28 de junio de 2018 para superar el examen. Los que cumplen los cincuenta años después, irán teniendo un margen de cinco años para ponerse en regla. Los problemas citados son motivo de informe desfavorable y, en consecuencia, obligan a hacer obras de corrección, según los profesionales que vienen trabajando con ellos. Además, la ITV medirá la eficiencia energética y la accesibilidad para minusválidos y personas mayores, aunque en estos aspectos el dictamen llevará al suspenso solo si se incumple la legislación. A finales de este año será obligatorio que todos los edificios con capacidad de poner rampas, elevadores o ascensores para personas con movilidad reducida los tengan.
La exigencia de la nueva ITV está impuesta por una normativa estatal y, desde el año 2013, se viene discutiendo su adaptación al Principado. En los últimos tiempos, la concesión de ayudas a la rehabilitación y accesibilidad se fue condicionando a superar los primeros chequeos. Hay ya unos mil edificios que disponen de su informe de evaluación aprobado.
Guerra de cifras
«Calculamos que, en total, edificios anteriores al año 1968 hay 6.000», explica José Luis Pérez-Lazao, del Colegio de Arquitectos. Se basa en una exploración del catastro. El censo del Instituto Nacional de Estadística identifica cifras mayores, pero en su cuenta incluye las viviendas unifamiliares, a las que este decreto no afecta.
Los precios del examen son variables. «Depende del número de viviendas, del estado del edificio y del profesional», aclara Pérez-Lazao. Para un inmueble con veinte pisos, señala que la tarifa oscilará alrededor de los 2.000 euros. El Principado tiene reservados 700.000 euros para subvencionar cada uno de estos exámenes con un máximo de 500 euros. «Echamos en falta que esto se complete con una línea de ayudas especifica para las obras que tengan que hacerse en los edificios que no superen la ITV», reclama Anselmo Gómez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas. «Estos inmuebles suelen estar habitados por gente mayor, muchas viudas, personas con rentas bajas», completa su compañero Juan Carlos Bachiller.
El decreto provoca reacciones dispares. «Era necesario y es una pena que, en este país, las cosas se tengan que hacer a golpe de decreto», dice Pérez-Lazao. Puestos a hacer los exámenes, «habría sido razonable que se hagan a partir de los treinta años». «Desde luego con cincuenta será raro que no tengan defectos», agrega. Entre las mejoras incluidas en el decreto reconoce el hecho de que el arquitecto que hace el examen no pueda ser luego el que haga las obras de corrección. Los administradores de fincas en cambio ven «incompleta» la norma. «Deja a voluntad del inspector determinar el plazo que tiene el edificio que suspende para realizarse las obras de corrección, por ejemplo», indica Bachiller.
Y anticipa problemas para los ayuntamientos. La norma les concede doce meses para que realicen un censo de todos sus edificios, identificando la edad de los mismos.
FUENTE: El Comercio.